Este jueves por la mañana, los Tribunales de la ciudad fueron escenario del inicio de un nuevo juicio vinculado al trágico homicidio de Juan Orlando “Piñón” Sosa (69), registrado el 5 de abril de 2019.
En esta oportunidad, el centro del debate se centró en la revisión de la condena de Laura Andrea González (oriunda de Bell Ville), a quien en mayo de 2021 le habían dictado prisión perpetua.
Este fallo fue revocado hace aproximadamente tres meses por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para contemplar sus condiciones personales.
Tras la apertura de la audiencia, los jueces resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 09:00 horas.
Los argumentos de la defensa
Durante la exposición, la defensa de González remarcó que la capacidad de accionar de su defendida se encontraba severamente limitada por su condición de salud mental y su historia de vida.
En esa línea, se invocó la perspectiva de género y se cuestionó que el fallo original no hubiera ponderado el “arco situacional” ni la inconstitucionalidad de una pena que impedía valorar adecuadamente su grado real de culpabilidad.

Se incorporaron testimonios e informes periciales que estimaban la capacidad de comprensión de Laura en un rango equivalente al de una persona de entre 11 y 16 años, destacando que era altamente susceptible a terceros y dependía de su pareja al momento de los hechos (Lucas Ezequiel Salto).
Asimismo, se repasó su extenso historial de internaciones psiquiátricas desde la adolescencia -comenzando a los 15 años en el Hospital de Oliva-, sumado a consumos problemáticos de sustancias, pobreza estructural y situaciones de violencia sufridas desde temprana edad.
Bajo este marco, la defensa solicitó que se consideren circunstancias extraordinarias de atenuación y que la pena se establezca en un rango de entre 10 y 15 años —proponiendo un tope máximo de 12 años—, reclamando además que el Estado garantice un tratamiento psicológico y un seguimiento ordenado para cuando recupere su libertad.
La postura de la fiscalía y el giro en el pedido de pena
Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal analizó las pericias oficiales y las convenciones sobre discapacidad incorporadas por ley.
Si bien se reconoció que González comprendía la criminalidad del acto, se advirtió que su culpabilidad se encontraba disminuida debido a un contexto marcado por la vulnerabilidad y la institucionalización.
Hacia el tramo final de las alocuciones, el fiscal sorprendió al coincidir con el planteo de la defensa:
“Entiendo prudente que se disponga la pena anunciada por la defensa, lo cual es 12 años de prisión”, expresó, avalando el encuadre bajo las pautas de menor culpabilidad.

El caso de origen: el crimen de “Piñón” Sosa
El debate retoma los hechos ocurridos el 5 de abril de 2019.
Aquella tarde, Juan Orlando “Piñón” Sosa, de 69 años y residente en calle Centenario al 800, salió de su domicilio con destino a un comercio próximo para adquirir alimentos.

En el trayecto, ubicado a la altura de un viejo galpón en el predio del Molino Fénix, fue interceptado de manera coordinada por Laura Andrea González y su entonces pareja, Lucas Ezequiel Salto -quienes residían transitoriamente en un hotel céntrico de calle Corrientes-.
Ambos habían llegado a juicio originalmente imputados por homicidio gravemente calificado por criminis causa y por alevosía, en un contexto marcado por la precariedad económica y antecedentes delictivos contra la propiedad.

Con el cuarto intermedio dictado por el tribunal, las definiciones sobre la nueva condena se conocerán el próximo lunes.
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